Agustín J. Antuña Alonso
Fallecido en 2012

Rafael Antuña Egocheaga

Marta Antuña Egocheaga

Rafael Maese Fernández

Jacobo Cuesta Larré

Clara Antuña Morán

Fernando Arancón Álvarez

María Ibañez de Aldecoa Plaza

Noticias

RAFAEL MAESE FERNANDEZ | ABRIL 2017

LA AUDIENCIA PROVINCIAL CONFIRMA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA EN EL CASO AUTOMOVILES ANTON.


El Juzgado de lo Penal de Avilés nº 1 dictó Sentencia con fecha uno de abril de 2017 (nº 81/17), donde este despacho consiguió se estimasen sus tesis defensivas de uno de los acusados, al que no podía considerarse ser un administrador de hecho pues no había pruebas para justificarlo, dado que el único hecho demostrado era que se trataba de un mero empleado de la mercantil y que le había otorgado un poder notarial a su favor, pero del que no tenía conocimiento y jamás lo había usado para labor alguna. Fue la única persona absuelta en la mencionada Sentencia.

RAFAEL MAESE FERNANDEZ

MARIA IBAÑEZ DE ALDECOA | ABRIL 2017

LOS INTERESES EXCESIVOS Y SU ANULACIÓN POR LOS TRIBUNALES. EL TRABAJO DE ESTE DESPACHO HA CONSEGUIDO ESE OBJETIVO EN UN RECIENTE PROCESO.

ELEVADO TIPO DE INTERÉS EN CONTRATOS DE PRÉSTAMO AL CONSUMO. LA USURA EN EL SIGLO XXI.


Cada vez es más habitual la contratación de préstamos personales entre los consumidores y bancos y entidades los anuncian y conceden como churros. Sin embargo hay que estar atentos ya que en este tipo de contratos que anuncian dinero fácil, en muchas ocasiones se esconde un tipo de interés muy elevado que según las circunstancias puede llegar a reputarse abusivo según la Ley General de Consumidores y Usuarios o incluso usurario según la Ley de la Represión de la Usura.
Sabemos que una cláusula abusiva lo es por vulnerar las previsiones que las entidades tienen obligación de observar en la contratación con consumidores (negociación individual, transparencia, etc.), sin embargo una cláusula usuraria va más allá, pues lo que se vulnera es la práctica económica “normal”, estipulando un tipo de interés completamente desproporcionado atendiendo a la naturaleza del préstamo. Según el artículo 1 de la Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios “Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales”.
Recientemente el despacho ha defendido con éxito, sobre la base del carácter usurario del tipo de interés, una reclamación de entidad bancaria al prestatario que había dejado de pagar un préstamo al consumo por importe de 2.000 € para la adquisición de vehículo, en el que se había fijado un tipo de interés fijo 29,7028% T.I.N., 36,78€ T.A.E.
El Juzgado de Primera Instancia N.11 de Gijón acoge la pretensión alegada declarando el carácter usurario del referido

MARIA IBAÑEZ DE ALDECOA

RAFAEL ANTUÑA Y JACOBO CUESTA | ABRIL 2017

LA AUDIENCIA PROVINCIAL CONFIRMA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA EN EL CASO AUTOMOVILES ANTON.


Un gran éxito para este despacho, pues se confirmaron nuestras tesis de que el cliente NO COMETIÓ NINGUNA DEFRAUDACIÓN EN EL PAGO DEL IVA EN LA IMPORTACIÓN DE AUTOMÒVILES DE LUJO PROFEDENTES DE ALEMANIA.

Una lucha de varios años de proceso que ha terminado bien, afortunadamente.

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RAFAEL ANTUÑA Y JACOBO CUESTA

Marta AntuñA Egocheaga. - Abogado | Octubre de 2016

LA PROCEDENCIA DE LA DESHEREDACIÓN POR MALTRATO PSICOLÓGICO DE UNAS HIJAS HACIA SU MADRE. NUEVO ÉXITO DE ESTE DESPACHO


El despacho ha defendido LA PROCEDENCIA DE UN CASO DE DESHEREDACIÓN POR MALTRATO PSICOLÓGICO DE UNAS HIJAS HACIA SU MADRE (testadora) y el Juzgado de Primera Instancia nº2 de Gijón, así como la Audiencia Provincial de Asturias en su Sentencia de fecha 28 de septiembre de 2016 nos han dado la razón.

Artículo completo

Marta AntuñA Egocheaga

RAFAEL ANTUÑA EGOCHEAGA. JACOBO CUESTA LARRÉ | Octubre de 2016

EL JUZGADO DE LO PENAL Nº DOS DE AVILÉS HA DICTADO SENTENCIA ABSOLUTORIA EN EL LLAMADO CASO AUTOMÓVILES ANTÓN.
SE TRATA DE UN GRAN ÉXITO PARA NUESTRO DESPACHO.

LA CAUSA ERA POR DELITO FISCAL DERIVADO DE UN SUPUESTA TRAMA DE IMPAGO DEL IVA EN LA IMPORTACIÓN DE AUTOMOVILES.

Más info (Elcomercio)

Más info (La Nueva España)

Se trataba de un asunto con gran trascendencia pública y después de una larga instrucción y de la anulación de la primera sentencia, que obligó a repetir el juicio oral, el intenso trabajo de este despacho consiguió que al finalizar el juicio el Ministerio Fiscal ya pidiese la absolución de todos los acusados por falta de pruebas.

Y esa ha sido la tesis de la Sentencia dictada, que afirmó con rotundidad que no había pruebas para condenar a los clientes de nuestro despacho, que se limitaron a adquirir los automóviles de otras empresas suministradoras, a las que les pagaron todo el precio de los vehículos incluido el IVA, siendo ajenos a cualquier impago fiscal o irregularidad que se hubiese cometido por dichas suministradoras y otras empresas dependientes o colaboradoras de las mismas.

RAFAEL ANTUÑA EGOCHEAGA. JACOBO CUESTA LARRÉ

Rafael Antuña - Abogado | 25/10/2016


INAUGURAMOS OFICINA EN AVILÉS


SITA EN LA PLAZA DE LA GUITARRA Nº 2, BAJO.

La misma será atendida principalmente por Fernando Arancón Álvarez y María Ibañez de Aldecoa.

RAFAEL ANTUÑA

Rafael Antuña - Abogado | 25/10/2016


MARIA IBAÑEZ DE ALDECOA se incorpora al despacho


Se trata de una joven y brillante abogada, hija del prematura y tristemente fallecido don Ramón Ibañez de Aldecoa, magistrado de la audiencia provincial de asturias en Gijón

RAFAEL ANTUÑA

Fernando Arancón Alvarez - Abogado | Junio de 2016

ACCIDENTE DE TRABAJO ¿POR QUÉ NO LA VÍA PENAL?


En el acaecimiento de un accidente de trabajo y ante la exigencia de daño corporal, menoscabo físico o incluso fallecimiento, es clásica la pugna entre la jurisdicción civil o laboral a efectos de la competencia para determinar la responsabilidad civil por el accidente de trabajo. En los últimos años la contienda se ha decantado a favor de la jurisdicción social, lo cual como todo tiene sus ventajas e inconvenientes.

Artículo completo

Fernando Arancón Alvarez

RAFAEL ANTUÑA EGOCHEAGA. CLARA ANTUÑA MORAN | Mayo de 2016

LA DECLARACIÓN DEMINUSVALÍA FISICA Y EL IMPUESTO SOBRE LAS SUCESIONES EN ASTURIAS. IMPORTANTE PRECEDENTE OBTENIDO POR ESTE DESPACHO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE.


EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS DA LA RAZON AL DESPACHO Y SIENTA UN PRECEDENTE BENEFICIOSO PARA QUIENES DEBEN PAGAR IMPUESTO SOBRE LAS SUCESIONES.

Como es bien sabido, Asturias es una de las regiones de España donde se paga un Impuesto sobre las Sucesiones más alto; de ahí que sea importante poder buscar los mecanismos legales para pagar lo mínimo posible.

Uno de estas posibilidades es que el heredero tenga una minusvalía declarada, con deducciones si alcanza el 33 % y con deducciones más importantes si supera el 65%.

Ahora bien, la declaración de MINUSVALIA corresponde al IMSERSO y puede darse el caso de que esa declaración se produzca después de la fecha de fallecimiento del causante y por tanto sus herederos podrían no acogerse alas citadas deducciones fiscales.

El caso a considerar es: ¿ya existía esa minusvalía a la fecha de fallecimiento aunque no estuviese reconocida por el Imserso? Si la respuesta a esta pregunta es afirmativa usted tiene derecho a importantes beneficios fiscales, pero tendrá que acudir a los Tribunales casi con toda seguridad, porque Hacienda en un primer momento no se los reconocerá.

Pues bien, la reciente Sentencia dictada por el TSJ de Asturias ha estimado el recurso planteado por este despacho y le ha quitado la razón a Hacienda del Principado, en el sentido de que (al igual que sucedería en el IRPF) la fecha de una minusvalía no es la de cuando se reconozca por el INSERSO, sino la fecha en que realmente la persona tenga las dolencias que den lugar a la misma, luego se puede demostrar que ya estaban en fecha anterior a la del fallecimiento del causante.

Nuestro despacho tiene larga experiencia en estos asuntos, por lo que estamos a su disposición para darle orientación, asesoramiento y respuesta a su caso concreto.

RAFAEL ANTUÑA EGOCHEAGA. CLARA ANTUÑA MORAN

MARTA ANTUÑA EGOCHEAGA | Mayo de 2016

SEPARACIÓN Y DIVORCIO ANTE NOTARIO.


Apuntes para la reflexión sobre los inconvenientes de la separación matrimonial y el divorcio notariales.

 

Gracias a La Ley 15/2015, de 2 de Julio de Jurisdicción Voluntaria, los cónyuges que quieran separarse o divorciarse pueden hacerlo ante notario o secretario judicial (hoy Letrados de la Administración de Justicia), siempre y cuando sea una separación o divorcio de mutuo acuerdo y no existan hijos menores de edad o con la capacidad modificada judicialmente.

Esta posibilidad que en principio nos ofrece otra vía para tramitar estos asuntos, presenta en la práctica diversos inconvenientes, que el legislador no ha previsto y que precisan una urgente reforma normativa para solventarlos, pues en otro caso, su aplicación en la práctica se verá sustancialmente reducida.

Vaya por delante que he acudido a la vía notarial ya en cuatro ocasiones para tramitar un divorcio o separación matrimonial porque considero que resulta cómodo y económico. Y además porque lo que muchos han interpretado como una posibilidad que favorecía los intereses económicos de estos profesionales, en perjuicio de otros, no es tal, pues el precio por escritura ronda los 135 euros.

Si bien y conforme al artículo 90.2 párrafo cuarto del Código Civil, se establece que desde la aprobación del convenio regulador o el “OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PÚBLICA”, los acuerdos podrán hacerse efectivos por vía de apremio, la Ley de Enjuiciamiento Civil no ha sido debidamente adaptada a tal disposición y nos encontramos con que conforme al artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando se trate de los títulos ejecutivos previstos en los números 4.º, 5.º, 6.º y 7.º del apartado 2 del artículo 517, sólo podrá despacharse ejecución por cantidad determinada que exceda de 300 euros, estando entre ellos precisamente las escrituras públicas.
De forma que si la OBLIGACION del Convenio que se documenta en la escritura pública, no es dineraria o siendo dineraria es inferior a los citados 300 euros, pasarían automáticamente a equiparse a simples documentos privados que únicamente pueden acceder al juicio declarativo correspondiente.

La incertidumbre está servida, porque ignoro qué harán o han hecho ya los Juzgados de Familia cuando se pretende EJECUTAR el contenido no económico de estos convenios de separación o divorcio en escritura pública conforme al citado mandato del artículo 90.2 del Código Civil. No obstante pronto lo sabré, porque precisamente el motivo para escribir este post ha sido la preparación de una ejecución de uno de estos convenios.

Nos encontramos ante obligaciones que hemos de hacer valer en vía de ejecución, pues sería totalmente engorroso y dilatorio tener que acudir a la vía declarativa para hacer valer cuestiones tan esenciales como el lanzamiento del cónyuge no titular del derecho de uso sobre el domicilio conyugal que “aún” no quiere dejar el mismo o la simple orden de retención de cantidades de pensión compensatoria sobre los ingresos del obligado al pago de una pensión compensatoria cuando éste paga tarde y mal. Obligaciones todas ellas de muy fácil ejecución en la tramitación del Juzgado de familia.

Así que, mientras se despeja esa incertidumbre, deberemos al menos establecer en estos convenios ante notario suficientes garantías reales y personales para el cumplimento del convenio conforme al artículo 90-4 del Código Civil. Y más, cuando además de todo lo dicho, será más que probable el recelo con que recibirán los Juzgados los convenios documentados en escritura pública, simplemente por el hecho de que no han sido ellos quien han visado previamente el contenido de los mismos.

Y por último recordar para la ejecución de cantidades dinerarias que:

1.- Debemos asegurarnos de que en la escritura pública que nos expida el notario conste expresamente que se trata de PRIMERA COPIA que el interesado/a en la ejecución ha de solicitar que sea expedida con tal carácter (artículos 517.2.4º LEC en relación con artículo 17.1.4º de la Ley del Notariado conforme al cual: “Es primera copia el traslado de la escritura matriz que tiene derecho a obtener por primera vez cada uno de los otorgantes. A los efectos del artículo 517.2.4.º de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento civil, se considerará título ejecutivo aquella copia que el interesado solicite que se expida con tal carácter”).

2.- y que a diferencia de un título judicial, se precisa en todo caso el previo requerimiento de pago por parte del Secretario judicial vía artículo 551.3.3º de la LEC, lo cual supondrá demoras.

Por otra parte, también en la vía penal se presentan problemas, porque en caso de impago de pensiones compensatorias, en principio, no podríamos acudir a denunciar por la vía penal al que incumple este deber, pues el artículo 227 del Código penal tan solo incluye en el tipo penal el convenio que ha sido aprobado “judicialmente”.

En conclusión, ¿hasta cuándo vamos a padecer las reformas legislativas parcheadas, poco homogéneas e incoherentes que dificultan tanto la resolución práctica de cuestiones tan esenciales como son las relacionadas con el derecho de familia?

MARTA ANTUÑA EGOCHEAGA

Rafael Antuña - Abogado | Noviembre de 2015


Un gran éxito para el despacho, con esta Sentencia del Tribunal Supremo que confirma la llamada ECONOMIA DE OPCION FISCAL que permite al contribuyente elegir la norma fiscal que le resulte más favorable y no la que comporte más recaudación para Hacienda.

 

Esta Sentencia es de gran interés por motivos prácticos y de fondo.

Confirma la dictada por la Audiencia nacional con fecha 19 de septiembre de 2013, que estimo el recurso del cliente de este despacho. Ahora se ha desestimado el de la Administración.

Estando en un caso sobre FUSION Y ESCISION DE SOCIEDADES, tenía gran importancia el debate alrededor de los “motivos económicos válidos” que justificaban acogerse al régimen fiscal beneficioso.

Y a ese respecto, no puede admitirse la tesis de Hacienda de estigmatizar al contribuyente por  buscar un mejor régimen fiscal, exponiendo de modo claro el T.S. (pag.11) la validez de la llamada ECONOMIA DE OPCION FISCAL, que permite al contribuyente optar por el régimen legal que más le convenga para pagar menos impuestos, sin que sea válido, por el contrario, que Hacienda pretenda aplicar aquel que más recaudación conlleva.

Debo volver a insistir en la gran importancia de una ACTITUD ACTIVA EN CUANTO A PRUEBAS JUSTIFICATIVAS DE LOS HECHOS QUE APOYAN NUESTRA OPCION FISCAL, en lo cual la defensa que tuvimos el honor de dirigir obtuvo un resultado exitoso, como tuvo ocasión de afirmar la Sentencia previa de la Audiencia Nacional.


En vía de casación ante el Tribunal Supremo ya no es posible revisar estas cuestiones probatorias (salvo casos excepcionales de error gruesos,  arbitrariedad, etc), como pretendía el recurso del Abogado del Estado, lo que refuerza la importancia del esfuerzo probatorio en las instancias anteriores, bien administrativas, bien contencioso administrativas.

Enlace »

RAFAEL ANTUÑA

Rafael Antuña - Abogado | Octubre de 2015


LA TRIBUTACIÓN DE LAS FUNDACIONES Y LA DEFENSA FRENTE A LOS EXCESOS DE HACIENDA.

 

Este despacho ha conseguido un gran éxito al lograr que la Audiencia Nacional dictase Sentencia con fecha uno de octubre de 2015, considerando ilegal e inapropiado el criterio de Hacienda por el cual una Fundación benéfica debía desarrollar directamente su actividad, sin que fuese posible hacerlo a través de ayudas a otras fundaciones o asociaciones, lo cual es una interpretación no ajustada a Ley. Se trata de una Sentencia importante al ser la primera que se dicta sobre la materia. En nuestro despacho estamos especializados en estas materias, preparados para defender los derechos de todo contribuyente y evitar que se paguen impuestos cuando no debe hacerse.

RAFAEL ANTUÑA

Rafael Antuña - Abogado | Octubre de 2015


Una calle en Gijón

 

El fundador de este bufete, AGUSTIN JOSE ANTUÑA ALONSO, tendrá una calle en Gijón, cerca del Edificio sede del Colegio de Abogados sito en Cimadevilla, cuya adquisición fue una de sus iniciativas como Decano del Colegio.

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RAFAEL ANTUÑA

Rafael Antuña - Abogado | Octubre de 2015


Nuevo Secretario para FORO JOVELLANOS

 

RAFAEL ANTUÑA EGOCHEAGA es el nuevo SECRETARIO de la prestigiosa fundación gijonesa FORO JOVELLANOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, donde ha habido una importante renovación de su Patronato, con el objetivo de relanzar sus actividades.

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RAFAEL ANTUÑA

Rafael Antuña - Abogado | Octubre de 2015


Absuelta la esposa de un empresario.


ABSUELTA LA ESPOSA DE UN EMPRESARIO QUE ERA ADMINISTRADORA DE UNA DE SUS EMPRESAS, PERO QUE NO SE DEDICABA A SU GESTION.

El Letrado de este despacho JACOBO CUESTA LARRE ha obtenido este éxito con la reciente Sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial de Asturias, donde ha primero el hecho acreditado de que la esposa del empresario era en realidad solo ama de casa y no toma parte en modo alguno de las actividades empresariales de su esposo.

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RAFAEL ANTUÑA

Rafael Antuña - Abogado | Septiembre de 2015


Clara Antuña con la Asociacion de Jóvenes Empresarios.


CLARA ANTUÑA MORAN ES LA NUEVA SECRETARIA DE LA ASOCACION DE JOVENES EMPRESARIOS DE ASTURIAS.

RAFAEL ANTUÑA

Rafael Antuña - Abogado | Septiembre de 2015


Novedades del Nuevo Código Penal


LAS NOVEDADES DEL NUEVO CODIGO PENAL EN CUANTO A RESPONSABILIDAD DE PERSONAS JURIDICAS HACE MUY NECESARIO EL SERVICIO DE COMPLIANCE OFFICER QUE ESTE DESPACHO PROPORCIONA.

"La nueva regulación de la responsabilidad penal de las personas Jurídicas (Ley Orgánica 1/2015) hace indispensable la elaboración de un plan de prevención de Delitos en un doble aspecto: por una parte con carácter preventivo, para minorar riesgos de Comisión de Delitos por empleados de la misma que supongan finalmente la responsabilidad de la Sociedad, por otra porque la existencia de un plan de este tipo puede ser causa de exención de responsabilidad para la Sociedad en caso de que el delito se cometa; incluso la implantación de un sistema de control de Delitos con posterioridad a la comisión del mismo y siempre que se lleve a cabo antes del Juicio Oral, puede ser una circunstancia atenuante a aplicar al Delito ya cometido. Debido a lo reciente de la reforma, no existen todavía en nuestro país muchos titulados que cualificados para la realización de este tipo de planes y de los existentes, gran parte trabajan en exclusiva en plantilla de las grandes empresas."

RAFAEL ANTUÑA

Rafael Antuña - Abogado | Septiembre de 2015


Intervención exitosa en la solución de los préstamos al Real Sporting


El despacho ha intervenido exitosamente, en defensa de uno de sus clientes, en la solución de los préstamos al Real Sporting de Gijón para la adquisición del jugador Scepovic, los cuales han sido abonados a presencia notarial el día 31 de agosto de 2015, como se había pactado.

RAFAEL ANTUÑA

Rafael Antuña - Abogado | Septiembre de 2015


Insignia de Plata del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón


Al letrado de este despacho, RAFAEL MAESE FERNANDEZ, le ha sido concedida la Insignia de Plata del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, por acuerdo unánime de su junta de gobierno, en reconocimiento a los notables servicios prestados desde la Junta de Gobierno del Colegio.

RAFAEL ANTUÑA

Rafael Antuña - Abogado | 14/1/2015


FERNANDO ARANCÓN ALVAREZ se incorpora al despacho


El prestigioso Abogado FERNANDO ARANCÓN ALVAREZ se ha incorporado al despacho, completando su elenco de profesionales y cubriendo así una especialidad que hasta ahora no atendíamos: derecho laboral.

Dicho abogado ha tenido destacada presencia y notoriedad no solo en Gijón, sino también en Oviedo y Avilés.

Gracias a ello estamos ultimando, además, la apertura de oficinas en Oviedo y Avilés.

RAFAEL ANTUÑA

Rafael Maese Fernández - Abogada | 26/2/2013


SENTENCIA DE LA SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 26-2-2013, SOBRE PROPIEDAD HORIZONTAL: ACTOS PROPIOS Y NORMAS IMPERATIVAS. MODIFICACION DE ESTATUTOS


DOCTINA JURISPRUDENCIAL: La exención a favor de algún copropietario de su participación en los gastos comunitarios del modo previsto en los estatutos o en el título constitutivo requiere de su aprobación unánime en junta de propietarios.

El supuesto de hecho es una demanda que formulamos en nombre de unos comuneros, impugnando unos acuerdos comunitarios que aprobaban unas cuentas y un presupuesto excluyendo a los locales comerciales de la participación en los gastos, de igual manera que la Comunidad lo había hecho en acuerdos comunitarios anteriores.

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Gijón estimó la demanda y declaró nulo el referido acuerdo comunitario, pues consideró que al no existir modificación del título constitutivo, ni existir previsión estatutaria que excluyesen a los bajos comerciales del pago de los gastos de la comunidad, a excepción de los que enumeran los estatutos, ni haberse fijado por la Comunidad, por unanimidad, excluir a los locales comerciales del coste de los gastos comunes, considera el Juzgado que debe aplicarse el artículo 9.e) de la L.P.H. y, en consecuencia, los locales comerciales deberán contribuir al pago de los gastos de comunidad de acuerdo con el coeficiente de participación fijado en el título, con las únicas excepciones previstas en los estatutos comunitarios.

El Sección Séptima de la Audiencia Provincial, por el contrario, en sentencia de 14-5-2009, estimó el recurso de apelación y desestimó la demanda.

La sentencia de la Audiencia Provincial, a los efectos que ahora interesa destacar, contiene los siguientes fundamentos de derecho.

PRIMERO.- Frente a la sentencia de instancia se alza la comunidad demandada interesando su revocación a fin de que se desestime la demanda rectora de los autos, acogida en la recurrida, y por ello declarando la nulidad del acuerdo aprobatorio de las cuentas comunitarias de los ejercicios 2004 a 2006 adoptado en la Junta de 21 de mayo de 2007, a cuyo efecto alega la recurrente que el acuerdo impugnado se halla en sintónia con los precedentes acuerdos comunitarios en los que se excluía a los bajos de la participación en determinados gastos.

SEGUNDO.- Así centrado en esta alzada los términos de debate, en orden a su resolución debe recordarse que este Tribunal tenía declarado, entre otras en sus sentencias de 10 y 14 de septiembre de 2007, que siendo cierto que el Tribunal Supremo en su sentencia de 16 de noviembre de 2004 declaró que el acuerdo por el que la comunidad decidió volver al sistema de reparto por coeficientes, apartándose de una práctica que databa de siete u ocho años antes de repartirlo por partes iguales, es válida aunque no  se  hubiere adoptado por unanimidad, no lo es menos que otra mas reciente de 25 de abril de 2007 también consideró plena y definitivamente exigibles los coeficientes de participación asignados a los propietarios, no coincidentes con los señalados en el título constitutivo, al haberse producido dicha asignación por el acto conjunto de todos los propietarios que entonces eran comuneros, al haber sido aplicados sin interrupción en todas y cada una de las juntas de propietarios celebradas, sin que los comuneros hubiesen impugnado dichos extremos, por lo que el Alto Tribunal citado viene a admitir la posibilidad de que la Comunidad de Propietarios pueda modificar validamente el contenido del título constitutivo o de los estatutos sin necesidad de acuerdo expreso, mediante el mantenimiento, indiscutido y sostenido en el tiempo de determinados acuerdos que contradigan aquel o que no se sujeten estrictamente a su contenido, razón por la cual como ya se resolvió en la citada sentencia de 14 de septiembre de 2007, esta Sección, siguiendo la doctrina sentada en referida sentencia del T.S. de 25 de abril de 2007, adoptó el criterio de que no puede privarse de eficacia jurídica a las situaciones de hecho mantenidas prolongadamente en el tiempo y arropadas por reiterados acuerdos comunitarios no impugnados, “que proporcionan indudable confianza a los vecinos, estabilidad a sus relaciones en el seno de la comunidad, de modo que el ordenamiento jurídico no puede amparar a quien, en contra de sus propios actos, ha venido consistiendo durante largo tiempo una determinada situaciónpues concurren todos los requisitos exigidos por la jurisprudencia para la aplicación de dicho principio general entre otras en SS del TS de 21 de abril de 2006 y 29 de enero de 2007 , ya que existe un acto que se pretende combatir, que fue adoptado libremente; un nexo causal entre el acto realizado y la incompatibilidad posterior; y que el acto sea concluyente e indubitado por ser expresión de un consentimiento dirigido a crear, modificar o extinguir algún derecho generando una situación desacorde con la posterior conducta del sujeto.

TERCERO.- Examinada la cuestión litigiosa a la luz de lo expuesto, y siguiendo el criterio establecido en las sentencias de referencia de esta misma Sección, el recurso debe ser acogido toda vez que lo actuado permite concluir que la exclusión de los bajos comerciales en el reparto de los gastos no fue algo nuevo que se llevara a cabo por primera vez en la Junta de 21 de mayo de 2007, sino que ello era algo conocido y aceptado por los demandantes toda vez que en juntas precedentes de la comunidad ya se había excluido a los bajos de contribuir a los gastos pese a no existir previsión estatutaria, hasta el punto de que ni se les convocaba a las juntas, sin que se hubiese impugnación de acuerdo alguno al repacto, por lo cual no puede darse por válida la pretensión de desconocer la existencia de tales acuerdos precedentes, y menos aún dar carta de naturaleza a la pretensión de ir contra los propios actos, a la luz del precedente criterio jurisprudencial.

Frente a dicha sentencia interpusimos recurso de casación, por motivo único, de infracción de los artículos 5, 9, regla e), y 17.1 de la LPH, del artículo 1.255 del Código Civil y aplicación errónea de la doctrina de los actos propios, por considerar que la sentencia recurrida presentaba interés casacional en su modalidad de oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo contenida en las sentencias de 16 de noviembre de 2004 y 3 de diciembre de 2004, que declaran que la comunidad de propietarios no puede modificar validamente el contenido de los estatutos o del título constitutivo si no es mediante acuerdo expreso que recoja la voluntad unánime de todos los copropietarios. También en estas sentencias, indicamos, se declara que una práctica tolerada no puede entenderse como un acuerdo inequívoco de los copropietarios capaz de configurarse como un acto propio que pueda alterar el título constitutivo o los estatutos de la comunidad. Concluimos, que la aplicación de esta doctrina al caso que se examina, supone que el acuerdo adoptado por la comunidad el 21 de mayo de 2007, que aprobó las cuentas de los años 2004, 2005, 2006, y fijó las cuotas del año 2007, con exclusión total en la participación de los gastos del edificio del propietario del local se opone a lo dispuesto en el título constitutivo de la comunidad, y por tanto es contrario a derecho, al vulnerar los articulos 5, 9.1, y 17.1 de la LPH.

La sentencia del Tribunal Supremo, de 26 de febrero de 2013, señala:

A.- La jurisprudencia en torno a la doctrina de los actos propios, cuya base legal se encuentra en el artículo 7.1 del Código Civil, con carácter general, exige la concurrencia de las siguientes circunstancias: i) que el acto que se pretenda combatir haya sido realizado libremente, ii) que exista un nexo causal entre el acto realizado y la incompatibilidad posterior, iii) que el acto sea concluyente e indubitadom constitutivo de la expresión de un consentimiento dirigido a crear, modificar y extinguir algún derecho generando una situación desacorde con la posterior conducta del sujeto.

A tenor del apartado e) del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, constituye una de las obligaciones sometidos al régimen de propiedad horizontal “contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización”.

Las sentencias citadas por el recurrente establecen en materia de propiedad horizontal que la tolerancia de la comunidad consistente en no exigir a determinados propietarios que contribuyan al sostenimiento del inmueble en el modo previsto en las normas estatutarias, no supone un acto capaz de modificar el título constitutivo de la comunidad de propietarios.

La jurisprudencia de esta Sala ha declarado además, de modo reiterado que la exención, a favor de algún propietario de su participación en los gastos comunitario debe ser aprobado de modo unánime en Junta de Propietarios (SSTS 20 de febrero de 2012 (RC 1083/2009), 8 de noviembre de 2011 (RC 2207/2008).

B).- La Audiencia Provincial ha mantenido que el hecho de que los demandantes conocieran y aceptaran en juntas precedentes a la que ahora es objeto de impugnación que el propietario del local comercial no contribuía a los gastos comunitarios, pese a que la previsión estatutaria le eximía únicamente d de la obligación de contribuir a determinados gastos, supone una pretensión contraria a los actos propio. Además, argumenta que de la sentencia de esta Sala de 16 de noviembre de 2004 se desprende que es posible admitir una modificación de las cuotas de participación fijadas en los estatutos, pese a que no se haya consentido de modo unánime, cuando se haya mantenido de hecho, durante largo tiempo la eficacia de los acuerdos en los que no se respete íntegramente el contenido de los estatutos en esta materia.

Sin embargo, la sentencia citada resuelve desde el hecho acreditado de que en ningún extremo del acta figuraba un acuerdo que modificara los coeficientes de participación en los gastos fijados en el título constitutivo. Se insiste en ella que era necesario el consentimiento unánime de los copropietarios. En el caso que se examinaba la solución ofrecida por la sentencia de esta Sala que se cita como precedente, se centraba en la plena validez y ejecutividad de un acuerdo no impugnado sorbe la participación de los comuneros en una serie de gastos pero sin que esto implicara una variación de los coeficientes de participación fijados en el título constitutivo.

En definitiva, conforme a la doctrina de esta Sala ya expuesta, no se puede considerar que el silencio de la comunidad, que ha permitido que durante un tiempo los propietarios de los locales comerciales no hicieran frente a los gastos fijados en los estatutos de la comunidad de propietarios, tenga la entidad necesaria para expresar un consentimiento dirigido a crear, modificar o extinguir un derecho, capaz de alterar el título o estatuto de comunidad cuando para ello, como se ha señalado, resulta necesario un acuerdo unánime de la comunidad de propietarios.

En consecuencia, la sentencia declara haber lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 14 de mayo de 2009 dictada por la Sección 7º de la Audiencia Provincial de Asturias, que casa y declara la nulidad del acuerdo aprobatorio de las cuentas de los ejercicios 2004, 2005 y 2006, el acuerdo aprobatorio de la previsión de ingresos y gastos con fijación de cuotas para el ejercicio 2007, adoptados en la Junta de 21 de mayo de 2007, en lo que respecta al local de negocio de la participación en los gastos comunes en un modo diferente al establecido en el título constitutivo, y consiguientemente en la previsión de ingresos para el ejercicio 2007, y condena a la comunidad de propietarios a rectificar las cuentas de los ejercicios de los años citados, así como la previsión de ingresos y gastos para el ejercicio 2007, incluyendo a los propietarios del local comercial con arreglo a su cuota de participación, y a lo previsto en el título y en los estatutos de la comunidad.

Y reitera, como doctrina jurisprudencial que la exención a favor de algún copropietario de su participación en los gastos comunitarios del modo previsto en los estatutos o en el título constitutivo requiere su aprobación unánime en junta de propietarios.

RAFAEL MAESE FERNÁNDEZ

Marta Antuña - Abogada | Dic. de 2012


DEUDORES Y DESAHUCIOS


El Gobierno ha sido sensible a las situaciones dramáticas que algunos españoles están viviendo a causa de las ejecuciones hipotecarias que finalizan con el desalojo de sus viviendas, aprobando normas como el Código de Buenas Prácticas (Real Decreto 6/2012) y el Real Decreto Ley 27/2012 de 15 de noviembre para reforzar la protección a los deudores hipotecarios con la suspensión inmediata por un plazo de dos años de los desahucios.

Sin embargo, las medidas que se establecen en ambos Reales Decretos, aunque en principio pueden evitar efectos indeseables que requieren una intervención inmediata, parchean la normativa sobre los deudores hipotecarios, pues precisamos una nueva regulación que aborde en profundidad la situación de crisis que vivimos, adecuando la normativa, que pudo servir, pero que ya no sirve, a las nuevas circunstancias.

No resulta de recibo que legalmente tenga mejor tratamiento una empresa sobreendeudada que una persona física o familia sobreendeudada, pues el proceso concursal al que puede acudir el empresario, no resulta tan agobiante y desesperado para éste, como la ejecución hipotecaria para una persona física y su familia, que además de verse privada de uno de sus bienes más preciados que es su vivienda, continúa, después de finalizado dicho juicio, respondiendo de por vida (e incluso sus herederos) con sus bienes presentes y futuros, mientras no salde su deuda con el banco que le concedió el préstamo hipotecario:

Se nos puede reprochar que en el pasado vivimos una locura colectiva pidiendo dinero, gastando más de lo que teníamos o que podíamos afrontar, que todos somos responsables; pero no debemos olvidar que los bancos siempre ostentaron una situación de supremacía sobre el ciudadano de a pie que ha propiciado los efectos dolorosos que nos ocupan estos meses. Los contratos de adhesión que nos dan a firmar los bancos (también las aseguradoras) no nos dejan alternativa si necesitamos sus prestaciones, así que si resultan abusivos, es preciso establecer mecanismos correctores que equilibren la balanza con el consumidor. En este sentido el dictamen de la abogada general Kokot en el Tribunal de Luxemburgo es bien claro y un referente para mejorar las cosas hoy. En nuestra ejecución hipotecaria no es posible alegar clausulas abusivas del contrato de préstamo, sino que debemos acudir a un juicio posterior y declarativo en el que podríamos solicitar en ese caso una indemnización de daños y perjuicios. Pero la pérdida de tu vivienda habitual y el lanzamiento de la misma resulta un perjuicio de imposible o muy difícil reparación, así que poco interés tiene esa vía para la mayoría de las personas.

En una situación de crisis como ésta, tenemos la oportunidad de hacernos tres preguntas básicas para cambiar el enfoque predominante que ya no funciona, pero sobre todo los que gobiernan tienen la obligación no solo de hacerse los mismos interrogantes, sino de actuar para que las nuevas fórmulas con efectos beneficiosos sean visibles pronto.

¿Qué errores hemos cometido?, ¿con qué habilidades contamos para responder todos a esta situación?, ¿qué acciones son necesarias?...

Una de estas acciones imprescindibles consiste en reformar en profundidad la regulación jurídica de las personas físicas en situación de sobreendeudamiento y más cuando el sistema establecido en otros estados europeos como Francia, Bélgica por un lado, o Alemania Austria por otro, resulta más equilibrado y sensato en donde es preferente la reordenación y reparto de la deuda del obligado en un proceso concursal o la restructuración de la misma en un proceso de mediación con los acreedores, respectivamente, y si en esas fases previas los acreedores no están satisfechos, se decidirá judicialmente la solución.

Es cierto que la aplicación retroactiva de estas modificaciones provocaría inseguridad jurídica y el inversor extranjero no apostaría por la deuda española, pero el ajuste con efectos de ahora en adelante no admite más demoras.

MARTA ANTUÑA

Rafael Antuña - Abogado | 27/01/2012


Volatilidad legal en 2012


El Catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, Don Rafael Illescas, ha publicado recientemente un certero artículo sobre este mal que venimos sufriendo desde el inicio de la Democracia y que se ha ido incrementando sin cesar.

El Catedrático se centra en esta denominación, sin duda huyendo de la empleada asiduamente en el argot jurídico, sin duda menos elegante de "diarrea legislativa", la cual tiene la ventaja de ser mas descriptiva y clara en el sentido de que estamos ante un mal, un fallo del sistema.

Puntualiza con acierto Don Rafael Illescas lo siguiente:
"La palabra volatilidad ha adquirido amplia difusión en los últimos tiempos. Vinculada a la crisis económica, se predica del estado de incertidumbre e imprevisión generado por rápidos y desorientados cambios en el que los mercados se encuentran desde que aquella llegó para quedare por años. Pero en realidad la volatilidad puede aplicarse a muchas facetas tanto de la vida social cuanto de la situación individual de cada uno. Entre aquellas es predicable de la legislación de nuestro país."

Y además lo justifica con datos que causan verdadero pavor, como que entre enero y noviembre de este año 2011, la producción legislativa ESTATAL (sin contar Comunidades Autónomas y la UE) ha sido la siguiente:

  • 3 Reales Decretos Legislativos;
  • 20 Reales Decretos-Ley;
  • 38 Leyes ordinarias;
  • 6 Leyes Orgánicas y
  • 1 reforma de la Constitución.

Pero no queda ahí la cosa, pues en realidad ha sido mucho más, pues la famosa Ley 2/2011, de 4 de marzo de 2011, de Economía Sostenible y su Ley Orgánica acompañante, modificaron nada menos que de otras 59 normas de rango legal (algunas recientísimas).

Los datos son abrumadores, pero no podemos dejar de apuntar que la mayor "diarrea legislativa" se produjo durante las dos legislaturas socialistas presididas por José Luis Rodriguez Zapatero (2004 - 2011).
Y se creía que el record estaba en el año 2008, cuando el Boletín Oficial del Estado refleja nada menos que unas 70.000 páginas, las cuales recogieron el siguiente torrente normativo ESTATAL: 14 nuevas leyes o decretos leyes, 2.100 decretos, 3.800 órdenes e infinidad de resoluciones, acuerdos, circulares y otras normas de rango menor. Lo cual motivó, por ejemplo, que la CEOE hiciese público un informe en el que se determinaba un escalofriante número de disposiciones aplicables a cualquier PYME: más de 2.000.

Pero ya hemos visto que en el año 2011 el record ha sido superado.

El Catedrático Don Rafael Illescas es certero al afirmar:

"No es momento de criticar el abuso legislativo ni la suprarregulación en la que España viene tradicionalmente incurriendo y cuyos excesos se han hecho patentes más que nunca en este final de legislatura sumido en plena crisis económica. Baste recordar que la ley, para verse dotada de autoridad, no solo ha de ser equitativa sino también comedida en extensión y estable en duración. Es momento, sin embargo de reflexión sobre las diversas consecuencias que tal volatilidad acarrea. Son muy diversas pero algunos extremos preténdese ahora resaltar sobre todo con el ánimo de evitar, tras la constitución de la nueva legislatura, que se produzca un segundo aluvión o torrente de nuevas normas redestinadas a la modificación de amplio alcance del ordenamiento actual. Sin duda que correcciones habrán de producirse y que la diferente ideología va a obligar a determinadas modificaciones. Deberían de ser las necesarias y menos abundantes posible y habrían de verificarse en su calidad y necesidad antes de someter a la ciudadanía -y a sus capas empresariales y laborales principalmente- a un nuevo entorno legal."

"Al finalizar un año de tantas normas como el ahora transcurrido -preñado de mayor cantidad aún dificultades económicas- solo cabe esperar del que ahora se inicia que a lo largo del mismo se dicten menos leyes que en el anterior y que las dificultades, ya que no es previsible que desaparezcan, al menos disminuyan."

No sabemos si sus palabras van a ser escuchadas, pues el nuevo Gobierno habla de reformas y más reformas.

Y el nuevo Ministro de Justicia ya ha indicado sus planes de reforma de un buen montón de leyes, si bien parece que -afortunadamente- se ha centrado en aspectos prográmaticos importantes, de carga ideológica, no vinculados con el funcionamiento de la economía o las instituciones.

Sin embargo, sería deseable que la "diarrea legislativa" no solo se evitase, sino que se acometiera una "simplificación" normativa, para no perdernos en el marasmo legal actual.

Cambiar leyes es siempre el remedio fácil, pero muchas veces significa evitar los verdaderos problemas, como ha sucedido con la ultima reforma procesal, la Ley 37/2011 de octubre pasado, llamada de "agilización procesal", pero que en realidad significa una merma de los derechos de los ciudadanos, cuyo derecho a los recursos se ve tremendamente recortado, yéndose contra el principio de seguridad jurídica y el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, por el único motivo es la falta de medios de que la Justicia española esta dotada, puesto que ha sido siempre la "hermana pobre" de los presupuestos desde la instauración de la Democracia.

Y esa amenaza parece que vuelve a plantearla el nuevo Ministro de Justicia cuando habla de incrementar la tasa judicial o de aumentar los depósitos para formular recursos contra resoluciones judiciales, lo cual es muy negativo para el justiciable si tenemos en cuenta que es muy elevado el número de ellas que se revocan -por ejemplo- por vía de recurso de apelación.

Confiemos, en todo caso, en que las cosas puedan mejorar, pues sin duda ayudaría en la búsqueda de soluciones a los malos tiempos que nos toca vivir.

RAFAEL ANTUÑA EGOCHEAGA - Abogado

Rafael Antuña - Abogado | 31/10/2011


CAMBIOS IMPORTANTES EN LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL


1.- LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL, Decreto Legislativo 1/2010.

Su propio nombre daba lugar a cierto engaño, pues en realidad no se trataba de una ley nueva, sino de un TEXTO REFUNDIDO de toda la legislación anterior, aunque con el mandato expreso de “regularizar, aclarar y armonizar” la misma, lo cual ya dio lugar a algún que otro cambio importante.

Es necesario precisar que pese su ansia unificadora, la refundición no comprendió otro importante texto legal, la LEY 3/2009 que regula las MODIFICACIONES ESTRUCTURALES DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES (transformaciones, fusiones y escisiones, así como la cesión global de activo y pasivo).

 

2.- PRIMERA REFORMA PUNTUAL POR EL DECRETO LEY 13/2010 DE MEDIDAS LIBERALIZADORAS.

La LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL (L.S.C. en adelante) nació con una marcada provisionalidad, a la espera de que el legislador acometiese una nueva regulación completa; pero como es habitual, han ido desgranándose las reformas tipo “parche”, siendo la primera esta ya citada.

Este texto legal en el art.5 trató de dar forma a una simplificación de la constitución de sociedades limitadas, desde el punto de vista de sus trámites, por medios telemáticos y con rebaja de costes.

De mayor calado normativo fue el art.6 para reducción de cargas administrativas, reformando varios preceptos de la L.S.C.

Por un lado se cambian preceptos para abaratar los costes de publicaciones en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil).

Y por otro lado se da un giro radical para permitir LAS PUBLICACIONES DE CONVOCATORIAS JUNTAS DE SOCIOS (art.173 L.S.C.) e incluso para notificar acuerdos de modificaciones estatutarias o de disolución social (arts.289, 319, 333 y 369 L.S.C.) CON PUBLICACION EN LA PAGINA WEB DE LA SOCIEDAD, lo cual sustituía a la hasta entonces necesaria en un periódico, pero con el requisito necesario de que estuviera previsto en los estatutos sociales en el caso de las SOCIEDADES LIMITADAS (que siguen pudiendo prever la notificación individualizada a cada uno de los socios).

Estábamos pues, frente a un cambio radical de sistema y dando pleno espaldarazo a la sociedad informatizada en que vivimos, además con ahorros directos para las SA al suprimirse el periódico por la página WEB.

 

3.- SEGUNDA REFORMA PUNTUAL POR LA LEY 25/2011.

Se trata de una continuación de la tímida y provisional reforma del mencionado Decreto Ley liberalizador, cuya extensión obligaría a un estudio a fondo, por lo que únicamente desgranamos una serie de temas destacados.

Artículo 11 bis. Sede electrónica.

Se regula la página web de la sociedad de capital.

El párrafo segundo del artículo 168.

Se amplía el plazo para que los administradores convoquen una junta cuando lo pide una minoría de socios de al menos el 5%, a DOS MESES, pues el anterior de un mes era demasiado corto.

Artículo 173.

Se regula con mayor detalle y precisión la CONVOCATORIA DE JUNTAS con referencia a anuncio en la PAGINA WEB como ya dijimos antes.

Art.212 bis.

Se regula por fin a nivel legal la posibilidad de nombrar ADMINISTRADOR a una PERSONA JURÍDICA, con la designación de una persona física que ejerza el cargo, designación que es revocable a voluntad.

Art.246.2.

Por fin se regula la CONVOCATORIA DE UN CONSEJO DE ADMINISTRACION por un tercio de sus miembros, cuando el Presidente no quiera convocarlo y transcurre el plazo de un mes.

Art.348 bis.

El derecho al REPARTO DE BENEFICIOS siempre existió nominalmente, pero el socio no podía forzarlo sin acuerdo de la Junta; pero ahora puede dar lugar a un DERECHO DE SEPARACION de la sociedad, a partir del quinto año de vida y siempre que no se repartan al menos un tercio de los mismos.

Art.363.1.

Entre las CAUSAS DE DISOLUCIÓN SOCIAL se contaba la FALTA DE ACTIVIDAD SOCIAL DURANTE 3 AÑOS, pero solo para las S.L.; ahora es SOLO DE UN AÑO Y PARA TODAS LAS SOCIEDADES.

Art.388 apartado segundo.

Sigue la sociedad EN LIQUIDACION obligada a aprobar sus cuentas anuales (antes era solo un “estado de cuentas”) pero ya no debe ser publicado en el BORME (era un gasto excesivo y normalmente inasumible en un estado de liquidación).

Estas reformas legales están en vigor a partir del uno de octubre de este año 2011.

 

4.- ACOTACION FINAL sobre la CLAUSULA ARBITRAL EN LOS ESTATUTOS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES.

Ya comentamos en un anterior artículo que estaba en marcha la reforma para dar sustento legal a que los estatutos sociales incluyeran la cláusula arbitral para todo tipo de conflictos, algo ya refrendado como válido por la jurisprudencia sin duda alguna.

Y, en efecto, así ha sucedido con la reforma de la LEY DE ARBITRAJE llevada a cabo por la Ley 11/2011 de 20 de mayo, que ha introducido en la misma los artículos 11 bis y 11 ter.

Lo que si llama la atención es que se haya incluido en dicha ley, pero no en la Ley de Sociedades de Capital, aunque fuese como una mera referencia y remisión legal; pero es que a nuestro legislador le gusta sin duda ser imperfecto.

 

RAFAEL ANTUÑA EGOCHEAGA - Abogado

Rafael Antuña - Abogado | 09/06/2011


La clausula arbitral en las sociedades mercantiles


El arbitraje es una institución que sirve para la resolución de conflictos sin necesidad de acudir a los Tribunales, cuyos orígenes se remontan al Derecho romano y en España fue objeto de primera regulación por una Ley de 1953, sustituida por otra de 1988 y finalmente por la ahora vigente 60/2003 (con regulación moderna acorde a los países de nuestro entorno, que prestó además adecuado marco al arbitraje internacional, muy usual en los contratos entre empresas de diferentes países).

El principio de autonomía de la voluntad de las partes en que se basa, ha tenido lógicamente sus límites en materias que se dice afectan al orden público y no son susceptible de arbitraje como la sucesión hereditaria, la filiación o las marcas.

Desde hace mucho tiempo se discutió, ante la falta de regulación expresa, SI ERA POSIBLE ESTABLECERLA EN LOS ESTATUTOS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES como medio de resolver los conflictos entre los socios.

Y fue la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 19 de febrero de 1998, la que vino a confirmad de modo claro la posibilidad de inscribir los estatutos de una sociedad con un convenio arbitral, lo que significaba la vinculación respecto del mismo de todos los socios, incluso aquellos que no hubiesen suscrito personalmente el convenio.

En la misma línea se pronunció la Sentencia del TS de 18 de abril de 1998.

Sin embargo, en el marco legal la cuestión no estaba regulada expresamente, ni en la ley de arbitrajes, ni en la legislación societaria de modo expreso.

Todo esto cambió, si bien con norma de rango reglamentario, con la publicación del importante que regula la publicidad del protocolo familiar, que introdujo concretamente el Artículo 175.2.c del Reglamento del Registro Mercantil que establece que "En particular, podrán constar en las inscripciones las siguientes cláusulas estatutarias: El pacto por el que los socios se comprometen a someter a arbitraje las controversias de naturaleza societaria de los socios entre sí y de éstos con la sociedad o sus órganos".

Además, la reforma de la Ley de Arbitraje que está actualmente en trámite parlamentario, parece ser dejará el tema definitivamente zanjado el tema, ratificando que los supuestos arbitrables no sólo estarán referidos a los acuerdos sociales, sino a todos los conflictos que en las sociedades mercantiles se planteen.

Parece evidente y recomendable que, especialmente en las sociedades de tipo personalista, los socios no solo establezcan pactos internos regulatorios al margen de los estatutos, sino que además puedan prever un método de solución de conflictos rápido y eficaz, capaz de aportar soluciones justas y traten de minimizar en lo posible los efectos negativos de los conflictos entre los socios, siempre perjudiciales para la vida social.

Es importante distinguir que el arbitraje puede ser DE DERECHO (el Laudo estará sujeto a las normas aplicables al fondo de la controversia) o DE EQUIDAD (el Laudo se sujeta al "normal saber y entender" del árbitro).

Y para decidir el tipo de arbitraje es conveniente saber que hay básicamente DOS TIPOS DE ARBITRAJES:

Unos los INSTITUCIONALES, cuando nos sometemos a Tribunales ya constituidos, como los existentes en las Cámaras de Comercio (como el creado en Gijón con acuerdo con el Ilustre Colegio de Abogados de Gijón), donde nos sometemos a su propia regulación y procedimiento, que implican unos trámites que pueden ser medianamente largos (media de 6 meses) y nos costes prefijados de la propia Corte, incluyendo los Honorarios de los árbitros. Nos encontraremos con las ventajas de la profesionalidad y similitud con un procedimiento judicial abreviado.

Otros son los PRIVADOS, donde las partes pueden establecer "a la carta" las normas de funcionamiento y la designación de los árbitros, con amplio margen de libertad, lo que permite incluso distinguir entre los tipos de controversia a decidir y la solución más sencilla o más elaborada para su desarrollo. Se trata, por tanto, de "un traje a medida" para la sociedad de que se trate, ajustado a sus particularidades.

De modo adicional a todo esto, también puede ser muy conveniente establecer pactos sobre MEDIACIÓN (institución de moda que la legislación trata de fomentar), que sirven para crear una fase previa al arbitraje, que permita intentar que las partes en conflicto lleguen a soluciones amistosas que eviten o minimicen los enfrentamientos, molestias y costes de un arbitraje.

RAFAEL ANTUÑA EGOCHEAGA - Abogado

Rafael Antuña - Abogado | Fecha


El nuevo régimen legal de las sociedades de capital.


Desde el 1 de septiembre de 2010 esta en vigor el Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio que aprueba el TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL.

Texto muy aplaudido por cuanto supone una reunificación de las leyes de sociedades mercantiles más importantes, SOCIEDADES ANONIMAS Y LIMITADAS.

Sin embargo, no se trata de una regulación nueva per se, sino una refundición de la ya vigente, aunque con importantes cambios pues el legislador ha aprovechado para "regularizar, aclarar y armonizar" las normas vigentes (mandato contenido en la disposición final 7ª de la Ley 3/2009), lo cual ha sido llevado al extremo de introducir pocos, pero ALGUNOS CAMBIOS DE REGIMEN LEGAL.

Y dentro del nuevo panorama legislativo (con toda la complejidad que supone el régimen de una sociedad mercantil) es importantísimo dejar claro que NO ESTAMOS ANTE UN UNICO TEXTO LEGAL, sino que HAY AHORA CUATRO TEXTOS LEGALES BASICOS (más otros especializados) APLICABLES PARA LAS SOCIEDADES MERCANTILES, que son:

  • El Texto refundido ya citado Real Decreto Legislativo 1/2010.
  • La Ley 3/2009 de 3 de abril sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (regula los temas referidos a transformación, fusión, escisión, cesión global de activo y pasivo; así como cambio internacional de domicilio).
  • El Código de Comercio de 1885 aún sigue en vigor para determinadas cuestiones como cuentas y grupo de sociedades.
  • El Reglamento del Registro Mercantil es pieza básica, complementaria y especial de todo lo anterior.

En suma, aunque el nuevo TEXTO REFUNDIDO es un gran avance, no puede abordarse ninguna cuestión relacionada con las sociedades mercantiles, sin un dominio suficiente de la normativa básica citada, interrelacionada entre sí en la mayoría de las ocasiones.

Y es que muchas veces resulta sorprende en la práctica profesional, las dudas o desconocimiento sobre temas que pueden ser abordados y solucionados con la aplicación conjunta de los citados textos normativos (sin perjuicio, por supuesto, de la doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado; que es el órgano decisorio más al uso en materias registrales), como sucede con los dos ejemplos siguientes (sumamente habituales):

¿PUEDE UN ADMINISTRADOR POR SI MISMO BORRARSE DEL REGISTRO MERCANTIL?

¿SON INSALVABLES LOS EFECTOS DE UN CIERRE DEL REGISTRO MERCANTIL POR FALTA DE DEPOSITO DE LAS CUENTAS ANUALES?

Pues bien, ambos problemas tienen respuesta positiva y se les puede dar una solución efectiva para cada tipo de sociedad y para cada supuesto concreto, con mayor o menor complejidad dependiendo de cada caso; debiendo acudirse a los especialistas competentes en la materia, que nos darán la solución correcta.

RAFAEL ANTUÑA - Abogado

Marta Antuña Egocheaga - Abogada | Fecha


La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el código penal vigente


Hasta el pasado 22 de Diciembre de 2010 en que ha entrado en vigor la última reforma del Código Penal, el Derecho Penal en España se encontraba impedido a la hora de castigar a las personas jurídicas como sujetos activos de responsabilidad penal, ante la barrera infranqueable del tradicional principio "societas delinquera non potest" de origen jurídico romano, pero perfilado principalmente tras la Revolución Francesa.

Por ello, entre las ciento sesenta y nueva modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de Junio destaca especialmente la regulación explícita de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y en concreto la regulación establecida en el artículo 31 bis del Código Penal actual; eliminando el apartado 2 del artículo 31 vigente hasta la entrada en vigor de la reforma operada el pasado día 22 de Junio.

De dicha regulación pueden resumirse brevemente las siguientes conclusiones:

1.- El término "persona jurídica" comprende el concepto regulado en los artículos 35 del Código Civil y 116 del Código de Comercio.

En cuanto a las personas jurídicas de Derecho Público de conformidad el apartado 5 del citado artículo 31 bis del Código Penal establece la inaplicación del precepto al Estado y demás Administraciones Públicas, salvo que se aprecia por los órganos jurisdiccionales que se ha utilizado esta forma jurídica para eludir una eventual responsabilidad penal.

Por tal deberán entenderse todos aquellos organismos y entidades pertenecientes tanto a la administración estatal como a las restantes administraciones territoriales (autonómicas, locales, etc), así como aquellos otros que hayan resultado constituidos con base en normativa sectorial de naturaleza administrativa y cuenten con personalidad jurídica propia para actuar en derecho.

2.- La responsabilidad penal establecida en este artículo solo puede aplicarse en relación a aquellos delitos concretos en que se regule de manera expresa su previsión, es decir, artículos 177 bis.7, 189 bis, 251 bis, 261 bis, 264.4, 327 y 328.6, 348.3, 369 bis, 427.2, 430, 445.2 y 576 bis.2

3.- Se prevén dos cauces para establecer la responsabilidad penal, esto es, por la actuación delictiva de sus representantes legales y administradores de hecho y derecho; y por la actuación delictiva de las personas físicas integradas en su organización pero realizado por cuenta o en provecho de la propia persona jurídica.

4.- Sigue en vigor la tradicional responsabilidad penal del representante legal de una persona jurídica por los hechos cometidos por cuenta y en representación de ésta (art.31 CP). De forma que la aplicación simultánea del nuevo artículo antes comentado y éste produciría dos consecuencias punitivas simultáneas: una sobre la persona física y otra sobre la persona jurídica.

5.- Al no establecerse excepción alguna al principio de culpabilidad criminal (art.5 y 12 del C.P.) resulta claro que para imputar a una persona jurídica la comisión delictiva deberá acreditarse el dolo o la imprudencia en la actuación u omisión que se atribuya a la misma y que no tiene por qué coincidir con el dolo o imprudencia del representante legal.

6.- En cuanto al supuesto de actividad delictiva imprudente imputable a la persona jurídica, ésta deber ser grave.

7.- Se establece un sistema específico de circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas que son:

  1. Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, a confesar la infracción a las autoridades.
  2. Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos.
  3. Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito.
  4. Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica. La creación de dos regímenes de atenuación penal (el general y este especial) puede resultar muy disfuncional desde el punto de vista de defensa antes los Tribunales, pero con el tiempo se verá si las resoluciones judiciales aplican estos sistemas como excluyentes entre sí.

8.- En el artículo 33 del Código Penal se establece además unas penas específicas para las personas jurídicas, en concreto:

"Las penas aplicables a las personas jurídicas, que tienen todas la consideración de graves, son las siguientes:

  1. Multa por cuotas o proporcional.
  2. Disolución de la persona jurídica. La disolución producirá la pérdida definitiva de su personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita.
  3. Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
  4. Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
  5. Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o definitiva. Si fuere temporal, el plazo no podrá exceder de quince años.
  6. Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder de quince años.
  7. Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años.

La intervención podrá afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio. El Juez o Tribunal, en la sentencia o, posteriormente, mediante auto, determinará exactamente el contenido de la intervención y determinará quién se hará cargo de la intervención y en qué plazos deberá realizar informes de seguimiento para el órgano judicial. La intervención se podrá modificar o suspender en todo momento previo informe del interventor y del Ministerio Fiscal. El interventor tendrá derecho a acceder a todas las instalaciones y locales de la empresa o persona jurídica y a recibir cuanta información estime necesaria para el ejercicio de sus funciones. Reglamentariamente se determinarán los aspectos relacionados con el ejercicio de la función de interventor, como la retribución o la cualificación necesaria.

La clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las actividades sociales y la intervención judicial podrán ser acordadas también por el Juez Instructor como medida cautelar durante la instrucción de la causa".

9.- El artículo 116 del Código Penal resulta ampliado en un párrafo 3, según el cual:

"La responsabilidad penal de una persona jurídica llevará consigo su responsabilidad civil en los términos establecidos en el artículo 110 de este Código de forma solidaria con las personas físicas que fueren condenadas por los mismos hechos".

10.- Por último, comentar la posibilidad, prevista en el artículo 130.2 del Código Penal de que a consecuencia de la realización de determinadas operaciones societarias, la responsabilidad criminal correspondiente a una persona jurídica pueda resultar transmitida.

Señala el artículo 130.2 recientemente promulgado que "la transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su responsabilidad penal, que se trasladará a la entidad o entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida y se extenderá a la entidad o entidades que resulten de la escisión. El Juez o Tribunal podrá moderar el traslado de la pena a la persona jurídica en función de la proporción que la persona jurídica originariamente responsable del delito guarde con ella".

En un segundo párrafo, continúa señalando el mismo artículo 130.2 que "no extingue la responsabilidad penal la disolución encubierta o meramente aparente de la persona jurídica. Se considerará en todo caso que existe disolución encubierta o meramente aparente de la persona jurídica cuando se continúe su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados, o de la parte más relevante de todos ellos.

MARTA ANTUÑA EGOCHEAGA - Abogada

Marta Antuña Egocheaga - Abogada | Fecha


La prorroga forzosa de los arrendamientos urbanos: un residuo histórico


Nos parece importante destacar la Sentencia que el pasado 30 de septiembre de 2010 fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº4 de Gijón, en la que se estima la demanda denegando la prórroga forzosa de un contrato de arrendamiento de local de negocio suscrito tras la entrada en vigor del artículo 9 del R.D. Ley 2/1985 (popularmente conocido como Decreto Boyer) que suprimió la obligatoriedad de la prórroga forzosa en los arrendamientos urbanos, pues recoge un parecer que coincide con algunos de los recientes pronunciamientos del Tribunal Supremo en esta materia.

En este caso el contrato que unía a las partes consistía en un formulario o impreso editado por la Cámara de Comercio de Gijón que había sido redactado de conformidad con la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 antes de que operase la citada modificación.

Y con base en la cláusula impresa en dicho formulario que remitía sin más al artículo 57 de la L.A.U., sin que hubiese sido redactada específicamente por las partes contratantes, la parte demandada defendía la prórroga obligatoria de dicho contrato de arrendamiento o duración indefinida a voluntad de los arrendatarios.

Sin embargo el Juzgador a quo entiende entre otros razonamientos que ".un contrato locaticio suscrito después de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 2/1985 -habitualmente conocido como "Ley Boyer"- no puede entenderse afectado por la prórroga forzosa establecida en el artículo 57 de dicho texto refundido."

Sin olvidar que conforme al artículo 1543 del Código Civil el tiempo determinado -o, en su caso determinable- por el que el propietario arrendador cede el uso de una cosa que es la propia, constituye un elemento esencial en todo arrendamiento y si bien desde 1920 se estableció la prorroga forzosa para los arrendamientos urbanos, la evolución legislativa posterior se ha manifestado claramente en contra de dicha prórroga, suprimiendo en primer lugar su carácter forzoso (art.9 del R.D.2/1985) y abandonando definitivamente su reconocimiento y regulación en la nueva L.A.U. de 24 de noviembre de 1994.

Interpretación que se recoge por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 18 de Marzo de 2010 (nº189/2010, rec.1439/2006. Pte: García Varela, Román conforme a la cual, ".y salvo que se diga otra cosa expresamente ningún contrato de arrendamiento celebrado con posterioridad al 9 de Mayo de 1985 goza del beneficio de prórroga forzosa."

Asimismo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de septiembre de 2009 declara que:

".ha de afirmarse que una cosa es que el legislador pueda imponer, por razones de política legislativa, la prórroga forzosa para el arrendador, como efectivamente mantuvo para los arrendamientos urbanos desde el año 1920 hasta el año 1985, y otra muy distinta que las partes puedan hacerlo válidamente por la vía del artículo 4º de la LAU 1994 y el 1255 del Código Civil, sin alterar por ello la propia esencia y naturaleza del contrato que de por sí ha de ser de duración determinada -o al menos, determinable- y sin que deba aceptarse que una duración fijada de un año prorrogable indefinidamente a voluntad del arrendatario por años sucesivos suponga realmente la fijación de una duración en la forma exigida por la ley"

El Tribunal Supremo aprovecha la ocasión en este caso (contrato suscrito con persona jurídica como arrendataria en el año 1998. El T.S.limita la duración temporal del arrendamiento al plazo de 30 años como el usufructo) para manifestar su total y tajante oposición al establecimiento de prórrogas forzosas de duración ilimitada pues la prorrogas forzosas ilimitadas conculcan la temporalidad de los contratos de arrendamiento.

También en la Sentencia de 22 de junio de 2009 el Tribunal Supremo declara que: (.) Solo resulta aplicable el régimen de prórroga forzosa cuando hubiere un pacto inequívoco sobre tal extremo (.) Conforme al artículo 1581 CC, la duración del contrato cuando no se ha fijado término (o la cláusula es nula, como en este caso) será como se haya fijado el alquiler: anual, mensual, etc. De tal manera que, transcurrido dicho plazo, solo puede continuar mediante la tácita reconducción, si no hay denuncia del arrendador, en la forma establecida en el artículo 1966 del CC (.).

En igual sentido se pronuncia el Alto Tribunal en su Sentencia de 29 de Diciembre de 2009.

Por su parte la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2008 manifiesta que: (.) la temporalidad es una característica esencial del contrato de arrendamiento, por lo que la validez de este negocio jurídico es incompatible con el establecimiento de una duración indefinida (.) Además en los contratos de arrendamiento celebrados bajo la vigencia del Real Decreto Ley 2/85 es necesario que el pacto de prórroga forzosa conste con toda claridad y sin ninguna duda (.).

O la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de Marzo de 2010 en la que se recoge literalmente que: (.) en el contrato de arrendamiento del local litigioso habrá que estar a lo que las partes han pactado, considerando que fue intención de éstas la de fijar una duración superior a un año, sin especificar su limitación, pero sin que ello suponga una prórroga forzosa, ni tampoco una duración indefinida que es contraria a la esencia del contrato de arrendamiento conforme a la jurisprudencia del T.S. y salvo que se diga otra cosa expresamente ningún contrato de arrendamiento urbano celebrado con posterioridad al 9 de mayo de 1985 goza del beneficio de la prórroga forzosa (.).

Por todo lo expuesto y a modo de conclusión no es aventurado decir que la prórroga forzosa en los arrendamientos urbanos ha pasado a ser un residuo histórico totalmente incompatible con la realidad social y económica en la que estamos inmersos.

MARTA ANTUÑA EGOCHEAGA - Abogada

Rafael Antuña - Abogado | Fecha


Novedosas sentencias del tribunal constitucional sobre subcontrataciones y su efecto en las relaciones laborales; con origen en Gijón.


Fueron dictadas por el Pleno Tribunal Constitucional Pleno en octubre y noviembre de 2010; Sentencias 75, 76 y 103 de 2010.

¿Puede una empresa subcontratar a otra para ejecutar obras o trabajos, desvinculándose laboralmente de los trabajadores de la subcontratada?

¿Es esta una relación sujeta a derecho mercantil legítima?

¿Qué sucederá cuando, sin incumplimiento de la empresa principal, la subcontratada incumple sus obligaciones con sus trabajadores? ¿repercutirá esto en la empresa principal?

Mas concretamente ¿y si lo que la empresa subcontratada incumple es el derecho de huelga de sus trabajadores?

Mas concretamente, si los trabajadores de la subcontratada se ponen en huelga legal, siendo consecuencia de ello que al incumplir la subcontrata sus obligaciones con la empresa principal, ésta le resuelve sus contrato. ¿hay responsabilidad de la contrata si esos trabajadores finalmente son despedidos por la subcontrata?

Estos temas son tratados en las mencionadas Sentencias, originadas en Gijón, donde los trabajadores despedidos vieron rechazadas sus demandas en instancia y en el recurso de suplicación, acudiendo finalmente al TRIBUNAL CONSTITUCIONAL que les ha dado la razón y ha estimado sus recursos de amparo.

Las Sentencias no dejan de ser polémicas, como reflejan todos los comentaristas, siendo buena prueba de ello que cuentan con tres votos particulares de los Magistrados del TC.

Efectivamente, son puntos a reflexionar que:

  1. El TC parece inmiscuirse (como ha sucedido muchas veces) en lo que es la labor de juzgar a interpretar los hechos, cuando no es un tribunal ordinario y su única misión es velar por la Constitución.
  2. El TC expresa como principio de nuestro sistema que las subcontrataciones son relaciones válidas, siempre que no haya fraudes respecto a los trabajadores implicados, por lo que los incumplimientos respecto a los trabajadores de la subcontrata no tienen por qué repercutir en la empresa principal.
  3. Pero este principio general se quebraría cuando estamos ante vulneraciones de DERECHOS FUNDAMENTALES de los trabajadores (como el de huelga), incluso aunque la empresa principal no haya actuado contra legem.

Pero si todo esto es tremendamente novedoso y polémico (los apartados b y c se contradicen; abriendo una peligrosa e insegura puerta a romper la independencia de las empresas en caso de subcontratación) RESULTA QUE FINALMENTE EL T.C. NO SE DECIDIO A "ENTRAR A MATAR" (dicho en términos taurinos) PUES UNA VEZ DECLARADOS NULOS LOS DESPIDOS, SE REMITE AL TRIBUNAL DE INSTANCIA EN CUANTO A SUS CONSECUENCIAS, SIN DECIR DE MODO CLARO CUALES SERAN LAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRINCIPAL (parece darse por supuesto que se ha convertido en co-responsable, pero no se dice en el texto de la Sentencia); lo cual crea un marco de absoluto inseguridad que pudo y debió ser evitado en los fallos.

Estamos, en todo caso, frente a un aviso para navegantes, que no puede sino llenarnos de preocupaciones en el actuar diario, donde las subcontrataciones son habituales e inevitables.

RAFAEL ANTUÑA - Abogado

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Creada la corte de arbitraje de Gijón por el Colegio de Abogados de Gijón y la Cámara de Comercio de Gijón.


Últimamente se esta potenciando a todos los niveles (legislativo e institucional) el descargar a la administración de su pesada carga en número de litigios, estando en esa línea la potenciación del ARBITRAJE como medio de solución de conflictos.

Así, en el pasado año 2009 se creó la Corte de Arbitraje de Gijón, pues nuestra ciudad carecía de ella, en una feliz iniciativa del Colegio de Abogados y la Cámara de Comercio.

Su Reglamento de Arbitraje puede leerse en:

Estatuto y Reglamento Corte Arbitraje Gijon

Nuestro bufete cuenta con dilatada experiencia en procedimientos arbitrales, siendo por tanto lógico que uno de nuestros abogados Rafael ANTUÑA, fuese uno de los profesores designados por el Colegio de Abogados para el primer curso de formación dirigido a los letrados de Gijón, como requisito previo a ser inscritos en la lista de árbitros de la Corte.

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El protocolo familiar como instrumento de defensa y planificación sucesoria de la empresa familiar.


Son muchas y variadas las iniciativas que pretenden dar estabilidad a las empresas (especialmente pequeñas y medianas, cuya base es normalmente familiar), tanto a nivel institucional, como en la fijación de subvenciones de diversa índole.

El estudio, la promoción y defensa de la empresa familiar es algo muy arraigado en otros países, a lo cual se va sumando España cada día con más fuerza.

Uno de los instrumentos esenciales para regular y, sobre todo, planificar la sucesión de la empresa familiar es el llamado PROTOCOLO FAMILIAR, del cual puede consultarse como introducción el siguiente enlace GUIA DE LA EMRPSA FAMILIAR:

Empresa Familiar

Uno de nuestros abogados, Rafael ANTUÑA, es un reconocido especialista en temas societarios y de protocolo familiar, habiendo impartido el pasado año 2009 dos conferencias sorbe este último, una en el Colegio de Titulados Mercantiles de Asturias y otra en el Colegio de Abogados de Gijón.

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El proceso monitorio, un buen cauce procesal para reclamacion de deudas que consten documentadas por escrito.


Tras la reciente reforma de la Ley 13/2009 del pasado noviembre se ha querido potenciar este procedimiento elevando su cuantía hasta los 250.000 euros, siguiendo los ejemplos de la U.E. (aunque el resto de países no tienen límite cuantitativo), cambio legislativo que ha aclarado algunas dudas existentes hasta la fecha en cuanto a sus trámites.

Nuestras normas están referidas a deudas reclamables a residentes en España, existiendo para reclamaciones intracomunitarias un procedimiento específico llamado Procedimiento Monitorio Europeo de características similares (sencillez y eficacia) arelado en nuestra ley procesal civil.

La gran ventaja del procedimiento es su sencillez al inicio, donde no se necesitan ni Abogado ni Procurador (existe incluso un modelo normalizado al efecto en los propios juzgados) aunque sí en las siguientes fases (ejecución u oposición) si la cuantía pasa de 900 euros.

El éxito de este cauce procesal es elevado, pues las estadísticas indican que en más del 50 % de los monitorios no se produce la oposición del deudor, lo que significa que se obtiene de modo rápido el efecto similar a una Sentencia FIRME y ejecutable.

Se trata, por tanto, de una herramienta útil en la que nuestro bufete está especializado, siendo muy conveniente tomar la decisión inicial sobre la conveniencia de su utilización dependiendo del caso concreto.

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Importante reforma de las infracciones y sanciones de trafico por la ley 18/2009 de 22 de noviembre.


LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE TRÁFICO

Ya se ha publicado en el B.O.E. el 24 de noviembre de 2009 la modificación de la Ley de Tráfico, y está en vigor. La modificación supone una reforma drástica de la Ley de Tráfico. Vamos a destacar esquemáticamente las novedades más importantes para los conductores:

LOS EFECTOS DE LA MODIFICACIÓN QUE SEAN FAVORABLES PARA EL INFRACTOR YA SON DE APLICACIÓN.

Se han comenzado a aplicar desde el día siguiente a la publicación de la reforma, es decir, desde el 25 de noviembre de 2009. El resto de preceptos entrarán en vigor a los seis meses de la publicación en el B.O.E., salvo determinadas modificaciones, como la dirección electrónica vial o el tablón edictal de sanciones de tráfico que entrarán en vigor al año.

SE SUPRIME LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CARNET EN VÍA ADMINISTRATIVA

Hasta la publicación de la reforma en caso de infracciones graves y muy graves (por ejemplo, alcoholemia) la administración podía imponer la sanción de suspensión desde uno a tres meses de la autorización administrativa para conducir. Ahora para que nos “quiten” el carnet debemos perder la totalidad de los puntos o que sea el juez en vía penal quien nos suspenda.

RECUPERACIÓN DE PUNTOS

El curso de sensibilización se puede realizar cada dos años y permite la recuperación de 6 puntos. (antes 4 puntos)

AUMENTAN LAS OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL VEHÍCULO

  • Cuando se cometa una infracción con nuestro vehículo tenemos obligación no solamente de identificar al conductor, sino de facilitar su número de permiso de conducción. Además, si no identificamos verazmente y en plazo al conductor, estaremos cometiendo una infracción muy grave, y se nos sancionará con el doble o el triple de la multa que se le hubiese impuesto al conductor si lo hubiésemos identificado.
  • Se establece como infracción grave que la matrícula  del vehículo no se pueda leer correctamente.
  • También se configura como infracción muy grave (antes era grave) la conducción de vehículos que tengan instalados mecanismos para interferir en los sistemas de vigilancia del tráfico y se sanciona con multa de 6.000 €. La buena noticia es que se dice expresamente que no es infracción llevar en el coche sistemas de aviso que nos indiquen dónde están los radares.
  • El titular de un vehículo no podrá efectuar ningún trámite respecto al mismo si ha impagado cuatro sanciones por infracciones graves o muy graves, siempre que sean firmes en vía administrativa.

MOTOS Y BICICLETAS

  • Se establece como infracción leve no usar chaleco reflectante en bicicleta.
  • Se establece la responsabilidad del conductor de cualquier vehículo en que el casco sea obligatorio por la no utilización del casco por el pasajero.

RADARES DE TRAMO

Se da cobertura legal a esta figura al establecer como infracción circular en un tramo a una velocidad media superior a los límites.

AUMENTA EL IMPORTE DE LAS SANCIONES

Infracciones leves: multa de hasta 100 € (antes 90 €)

Infracciones graves: multa de 200 € (antes desde 91 a 300 €)

Infracciones muy graves: multa de 500 € (antes desde 301 a 600 €) ¡Cuidado! Porque hay determinadas infracciones muy graves en las que se establece multa entre 3.000 y 20.000 €, como, por ejemplo, deteriorar la señalización.

Todas estas sanciones se pueden incrementar en un 30% en función de la gravedad, trascendencia del hecho, reincidencia, peligro creado…

El exceso de velocidad tiene su cuadro específico de sanciones y pérdida de puntos, penalizándose muchísimo más que en la normativa anterior. Es importante tener en cuenta el nuevo cuadro de Sanciones y multas por exceso de velocidad:

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA VIAL Y TABLÓN EDICTAL DE SANCIONES DE TRÁFICO (TESTRA)

Dirección electrónica vial: Se crea este sistema que permite a la Dirección General de Tráfico realizar cualquier notificación, incluso sancionadora a una dirección electrónica vial. En el caso de las personas físicas sólo se le asignará la dirección electrónica cuando lo solicite voluntariamente, no así en el caso de las personas jurídicas.

Tablón edictal de sanciones de tráfico (TESTRA): En este Tablón se publicarán las notificaciones que no se hayan podido realizar en el domicilio o en la dirección electrónica vial.

NUEVO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Como sabemos, existen dos posibilidades a la hora de recibir la notificación de una denuncia de tráfico: que los agentes nos la notifiquen en el acto, o que si no nos han parado nos llegue la notificación de la denuncia a nuestro domicilio. Con el nuevo procedimiento sancionador sucede lo siguiente:

Notificación de la denuncia en el domicilio: Las garantías disminuyen considerablemente: Si en el primer intento de notificación la rechazamos o resultamos “desconocidos” en el domicilio directamente se pasará a publicar la notificación en el TESTRA. En caso de que no resultemos “desconocidos” se practicarán dos intentos de notificación, y si ambos son fallidos se publicará en el TESTRA. Pasados 20 días desde la publicación en el TESTRA se entenderá notificada, por lo que se seguirán los trámites del procedimiento sancionador.

Posibilidad de pago en 15 días con reducción del 50%: Aparentemente la reducción del 50% de la sanción parece positiva, pero quien ha pagado pero al mismo tiempo quiere recurrir debe saber que:

  • El procedimiento se termina sin necesidad de resolución expresa.
  • No podremos recurrir en vía administrativa. Hasta ahora, aunque pagásemos la multa podíamos recurrir ante Tráfico. A partir de la entrada en vigor de la ley si pagamos sólo tendremos la posibilidad de recurrir ante el Juzgado.
  • El plazo para interponer el recurso ante el Juzgado empieza a contar desde el día siguiente al que paguemos.

Posibilidad de pago directo al agente que nos ha impuesto la multa

PRESCRIPCIÓN

De las infracciones: Disminuye el plazo de prescripción de las infracciones muy graves. Con la nueva ley la prescripción es de 3 meses para las infracciones leves, y 6 meses para las infracciones graves y muy graves. Antes de la reforma las infracciones muy graves prescribían al año.

De las sanciones: Aumenta el plazo de prescripción de las sanciones por multa. Antes el plazo de prescripción era de un año para todas las sanciones. Con la entrada en vigor de la reforma la multa prescribirá a los cuatro años.

CONSEJOS

  • Control de la velocidad. Las sanciones por exceso de velocidad se han endurecido, y hay que tener presente que el margen de error del radar no supera el 10%. Por ejemplo, en ciudad superar los 55 km/hora puede suponer una multa de 100 €. También hay que tener presentes los radares de tramo.
  • Cuidado con no identificar al conductor, nos enfrentaremos al doble o el triple de la multa.
  • Si tenemos un procedimiento sancionador de tráfico abierto deberemos revisar en la modificación si la nueva sanción es más favorable y recurrir en su caso, ya que es esta última la que se debe aplicar. Especialmente importante es el caso de que la sanción haya sido la de suspensión de la autorización administrativa para conducir.
  • Si queremos recurrir la multa debemos tener presente las consecuencias de realizar el pago reducido del 50%, es decir, imposibilidad de recurrir en vía administrativa,  y necesidad de recurrir ante el juez de lo contencioso (con los gastos que conlleva).

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Agilización de los desahucios, pro la reforma de la ley de arrendamientos urbanos y la ley de enjuiciamiento civil.


La reforma del procedimiento de desahucio, realizada por la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios, señala en su Preámbulo que obedece a la intención de mejorarlo y agilizarlo, salvaguardando en todo caso los derechos y garantías que protegen al inquilino de buena fe. Las principales novedades prácticas del procedimiento de desahucio son las siguientes:

  • Posibilidad de condonación de toda o parte de la deuda. Se abre la posibilidad legal a perdonar todos o parte de los meses debidos por el inquilino a cambio de que el inquilino se vaya voluntariamente de la vivienda en el plazo que señale el arrendador, señalando la Ley que este plazo no podrá ser inferior a 15 días.

  • Enervación. Con este término la Ley se refiere a lo siguiente: aunque el arrendador haya interpuesto la demanda de desahucio en el Juzgado, el arrendatario podrá pagar las rentas debidas, el juicio se terminará, y continuará como inquilino del inmueble, siempre y cuando sea la primera vez que se le demanda.

    La novedad es que, si se requiere de pago al inquilino (fehacientemente, por ejemplo, mediante Burofax), y se deja pasar un mes desde el requerimiento hasta la interposición de la demanda desaparece la posibilidad de enervación, es decir, que el arrendatario pierde el derecho a pagar y quedarse en la vivienda

  • Notificaciones al arrendatario. Agilizan el procedimiento por lo siguiente:

    • El lugar para notificar al inquilino será el de la vivienda arrendada salvo que se haya señalado otro en el contrato de arrendamiento. Si no fuese posible localizarle en el domicilio, el Juzgado procederá directamente a citarle a través del Tablón de Anuncios del Juzgado.

      Una vez que el Juez dicta la Sentencia, el Juez citará al inquilino para que la recoja en el Juzgado. En caso de que no lo haga se entenderá que ha sido notificado poniendo la copia de la Sentencia en el Tablón de anuncios del Juzgado.

      Es decir, que se evita la paralización del procedimiento con averiguaciones sobre el domicilio y con la realización de intentos de notificación en posibles domicilios del inquilino distintos a la vivienda arrendada.

En conclusión, después de la dilatada experiencia del despacho en este tipo de procedimientos, podemos señalar que esta última reforma agiliza realmente el procedimiento de desahucio, encaminándose poco a poco a lo que debe ser, un procedimiento que respetando las garantías de las partes sea al mismo tiempo efectivo.

 

 

 

 

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